El 3 de diciembre se celebra el día internacional de las personas con discapacidad proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

En el contexto de esta pandemia global nos encontramos con realidades sumamente difíciles de la crisis humanitaria resultante de la expulsión forzosa de miles de migrantes, muchos de ellos ahora discapacitados. Cotidianamente muchas personas son detenidas en su tránsito hacia los Estados Unidos, las cifras en realidad no están actualizadas, pues cambian incrementándose a cada momento, sin embargo, los elevados índices de los detenidos son significativos. En efecto, las caravanas de migrantes indocumentados están encabezadas principalmente por hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, en estos últimos meses por haitianos que vienen transitando desde Suramérica, sufriendo toda clase de vejámenes. Un ejemplo claro, según se sabe, es en la frontera de Nicaragua con Costa Rica, en donde se les cobra 150 dólares para dejarlos pasar por el territorio nicaragüense^[1].

El drama de la migración es múltiple, en estos tiempos de pandemia el futuro se ve amenazante e incierto, y se ha agravado aún más, sobre todo, en relación directamente a las personas discapacitadas. En algunos países de Centroamérica la situación política es compleja y está cargada de mucha corrupción lo que no permitirá una acción social para apoyarles psicológica y materialmente. Por ejemplo, en El Salvador, recientemente se ha aprobado el Proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, una copia por decirlo así, de las leyes corruptas que Nicaragua ejecutó en el 2020. En realidad, estas medidas decretadas por los gobiernos implican consecuencias nefastas que afectan de manera particular a los esfuerzos que se hacen para ayudar y mejorar algunas situaciones de las familias más vulnerables en la sociedad.

Por otro lado, el Estados tiene la tarea ineludible de proteger, según los derechos humanos, a las personas migrantes con alguna discapacidad. Sin embargo, hacen falta estadísticas oficiales y también, buena voluntad para hacer realidad estos mecanismos para la protección. El mismo decreto 655 de “La ley especial para la protección y desarrollo de la persona migrante salvadoreña y su familia”, declara que: “resulta necesario contar con una normativa específica que tutele los derechos de la persona migrante salvadoreña que se encuentre en situación de vulnerabilidad, de tal forma que provea las herramientas necesarias para mejorar las condiciones de vida de dicha población”. Esta ley no contempla la realidad migrante en su totalidad, ya que no aborda la difícil realidad de la migración forzada interna y, por otro lado, es de conocimiento general que El Salvador es un lugar de tránsito, y hay varios artículos que se pueden cuestionar de esta ley del 2011. Podríamos concluir con esta cita del papa Francisco: “Cuando la sociedad abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos, ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la paz. Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos” Cf. Fratelli Tutti, n. 235.

Una mirada a la realidad francamente de la periferia, de los más últimos, es decir, de los retornados discapacitados a consecuencias de la migración, es sin dudas, una realidad realmente trágica que amerita una discusión más amplia de los Derechos, con un enfoque inclusivo para ir transformando concretamente estas situaciones de dolores y angustias en una esperanza más profunda, que haga visibilizar sus rostros que, es la vez la revelación del rostro de Dios, que acompaña y camina con su pueblo.

A Dios gracias, entidades sin fines de lucro en El Salvador, como: ALSARE (Alianza de Salvadoreños Retornados), la Pastoral de personas con discapacidad de la Iglesia Episcopal San Miguel Arcángel y la pastoral del Migrante del Sínodo Luterano Salvadoreño, han brindado su apoyo a los constantes casos de personas discapacitadas a consecuencias principalmente de la migración. Asimismo, en Honduras hay una pastoral encargada específicamente de los retornados con discapacidad, llamada: CONAMEREDIS. Estas acciones son realmente una oportunidad y un ejemplo para los otros países del área de hacer un trabajo colaborativo entre los mismos laicos y la vida religiosa presente en estos países tan devastados por la pobreza, la corrupción y la falta de democracia.

Ciertamente, esta crisis está marcando la historia de la humanidad, pero es el revés de una historia en la que una multitud de cristianos en su mayoría, son forzosamente migrantes, pero también se llaman “cristianos” los que les detienen en el camino y actúan con barbarie como si estas personas no fueran humanas. En efecto, en estos caminos de la migración no se reconocen los principios cristianos, los derechos o los valores humanos como: la hospitalidad, la justicia, la paz, la solidaridad de unos con otros, el amor al prójimo. Sin embargo, las casas de acogida, los albergues y personas de buena voluntad, son un auténtico oasis para el encuentro con el otro, la compasión del que sufre, del que va angustiado porque ha dejado todo atrás. Finalmente, el riesgo y el agobio de los migrantes aumenta aceleradamente a cada paso, hasta que la tragedia alcanza a muchos que caen del tren, otros son atropellados y algunos injustamente les han cortado sus miembros o han sido desaparecidos completamente. Esto agudiza realmente la situación de los migrantes.

De ahí la necesidad de los Derechos Humanos, de estrategias colectivas, esos planes estratégicos conjuntos con el objetivo de apoyar a las personas discapacitadas y visibilizar sus historias, sus luchas y sus sueños. Además, como Iglesia estamos llamados a impulsar y seguir trabajando en estos proyectos, pero también a interpelar la historia para que desde este camino cotidiano de discipulado se haga nuestro compromiso cada vez más urgente que nunca.

Fr. Anselmo Maliaño Téllez OFM
RFM – El Salvador

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^[1] En los últimos años los países de Nicaragua y Honduras exigen como requisito para entrar a sus territorios el prechequeo migratorio, Honduras exige el prechequeo con siete días de anticipación a los nicaragüenses, esto contradice el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad CA-4, y sobre todo, estas disposiciones afectan gravemente a las personas con alguna discapacidad.