Hace unos días acompañé a dos personas migrantes víctimas de secuestro a interponer su denuncia; una mujer de 60 años que salía por primera vez de su país, expulsada por la situación de extrema pobreza e inseguridad, después de estar privada de su libertad por cuatro días sin comer ni tomar agua y siendo continuamente amenazada con ser privada de la vida si su familia no pagaba el rescate que pedían y viendo cómo golpeaban y amenazaba a su compañero de viaje, después de ser atendida y estar hospitalizada por un día junto con su compañero decidieron interponer la denuncia.
Con todo y el miedo que les embargaba nos dirigimos a Palenque, lugar donde habían sido interceptados por el crimen organizado, a interponer la denuncia. Fueron recibido en la fiscalía correspondiente con indiferencia, frialdad y hasta cierta molestia por parte de las autoridades encargadas y “especializadas” para administrar justicia. Fui muy clara cuando le manifesté a la autoridad que las personas iban a denunciar el SECUESTRO del que habían sido víctimas y ellos narraron a detalle la manera como fueron torturados, tenían sus manos muy lastimadas por los cables con los que estuvieron amarrados, los ojos totalmente enrojecidos por estar cuatro días vendados y todo su cuerpo lleno de heridas.
Al finalizar la denuncia, solicito al fiscal que me proporcione copias de la denuncia y me percato de que el delito lo calificó como “extorsión”, en el momento que le solicité que cambiara la calificación del delito, se puso muy altanero y me dijo que no podía cambiar nada, que antes tenía que verificar si era verdad lo que las personas estaban diciendo, porque eran unos abusivos que solo querían aprovechar la situación para obtener el documento migratorio.
Ante situaciones como esta y otras tantas en dónde la autoridad le dice al migrante que no puede hacer nada, que es una pérdida de tiempo interponer la denuncia, que los secuestradores pertenecen a comunidades zapatistas que ellos tienen sus propias leyes, que los secuestradores están muy bien armados y ellos no tienen el equipo adecuado para hacerles frente etc. etc. Me da la impresión de que quienes están “especializados” para administrar justicia internacional – debido a que que son personas trabajando en una fiscalía especializada para migrantes – no tienen ni la más remota idea de lo que son los derechos humanos, los derechos de los migrantes y mucho menos lo que es la justicia internacional y protección de sus derechos.
Es triste ser testigo de las respuestas que la autoridad da a las personas migrantes víctimas de delitos en México, y es aún más preocupante pensar en lo que vive una persona cuando por su propia cuenta acude ante una autoridad para solicitar justicia ante la comisión de un delito en su contra.
Termino diciendo que, si vemos algo, algo tenemos que decir, no podemos callar ante tanta impunidad frente a los delitos de los que son víctimas los migrantes; la justicia internacional será una realidad en la medida que reprobemos y confrontemos el actuar de las autoridades corruptas que evaden su responsabilidad, favorecen al crimen organizado o son parte de él. Urge incidir en estas situaciones en donde la justicia para las personas migrantes es nula.
Testimonio de Diana Muñoz Alba
Hermana Franciscana Misionera de María
Casa Betania – Santa Martha
